La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el año 2000, el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo fue el de sensibilizar
a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres como manifestación de la
desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y fomentar la toma de conciencia sobre la
gravedad de este delito en todo el mundo. Asimismo, se invita a los gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a
sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
Por ello, la Ministra de Igualdad, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministro del Interior y la
Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, promueven la adopción por el Consejo de
Ministros de la siguiente declaración:
“Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia
contra las mujeres y niñas, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad igualitaria, libre de
violencia machista.
La violencia contra las mujeres y niñas vulnera el derecho fundamental a la vida, a la libertad, a la
integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, y los derechos de la infancia.
Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia
sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción,
discriminación, manipulación o abusos de poder.
Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y
políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas
las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre a las víctimas en el centro, para
garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.
El año 2024 ha venido marcado por la continuidad de la puesta en marcha de políticas públicas
contra la violencia machista con el desarrollo de distintos mecanismos contemplados en la Ley
Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS). Destaca,
en este sentido, la aprobación del Real Decreto 664/2024, de 9 de julio, por el que se regulan las
ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales recogidas en el artículo 41 de dicha ley, así como la apertura paulatina, a lo largo del año, de 52 centros de atención integral 24 horas para
víctimas de violencia sexual en todo el territorio nacional, financiados con cargo a los fondos Next
Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, se ha ampliado el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de
Violencia de Género (ATENPRO) a todas las formas de violencia contra las mujeres, así como el
Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos, que incluye también este tipo de violencias.
En materia de empleo, destaca la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la
protección por desempleo, que regula el acceso al subsidio por desempleo para las víctimas de
violencia de género o sexual, a fin de garantizar que no se vea mermada su protección en materia
de desempleo y se les extiende el derecho a compatibilizar el subsidio por desempleo con el trabajo
por cuenta ajena. Asimismo, la aprobación del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el
que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar,
que reconoce el derecho a la protección frente a la violencia y acoso en el empleo doméstico y
encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de un protocolo
para su prevención.
Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, ha puesto en marcha un Programa de “Formación e inserción con
compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación
sexual”, que implica un itinerario personal e integrado de orientación, asesoramiento y acciones de
formación, ajustado al perfil de empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género o que
hayan sufrido trata u otras formas de explotación sexual.
En el ámbito de las prestaciones sociales que ayudan a las mujeres víctimas de violencia de contra
las mujeres, como el Ingreso Mínimo Vital, han de destacarse las medidas introducidas para
flexibilizar su concesión.
Estos esfuerzos se suman a nuestra firme determinación de erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres, contra todas las mujeres, con especial énfasis en las más vulnerables que
enfrentan discriminación múltiple e interseccional, como por ejemplo mujeres inmigrantes o
refugiadas, mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de adicciones, o mujeres en
situación de pobreza. Ello incluye, en línea con la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024,
el impulso a intervenciones comunitarias en áreas de exclusión social y marginalidad, al tiempo
que se refuerza la formación continua de las personas profesionales sanitarias en la detección,
manejo y prevención de la violencia contra las mujeres.
Con la LOGILS se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
suscrito en 2017, y al avance en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra
las mujeres y niñas, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como “Convenio de Estambul”, cuya publicación en nuestro Boletín Oficial del Estado
celebra este año su décimo aniversario.
España es un referente internacional en la lucha para erradicar la violencia de género en cualquiera
de sus formas, fruto de la intensa labor realizada en los últimos 20 años. La aprobación de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género supuso un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo una
arquitectura institucional y jurídica para combatir la violencia de género que sigue consolidándose
en nuestro país.
La senda de avance no puede ser otra que la de perseverar en el cumplimiento de las
recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de
España del Convenio de Estambul realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la
Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de
noviembre de 2020. En 2024 se ha celebrado la segunda ronda de evaluación y, cuatro años
después de ese primer informe, el GREVIO ha valorado positivamente los avances producidos en
España en lo que respecta a la ampliación de los recursos para atender a todos los tipos de
violencia contra las mujeres, a la prohibición del falso “síndrome de alienación parental” y a los
esfuerzos invertidos en ampliar y profundizar la formación de todos los sectores profesionales
implicados.
El Ministerio de Igualdad ha convocado hasta la fecha 10 comités de crisis (3 durante el año en
curso), un instrumento de coordinación esencial entre las comunidades autónomas y los Ministerios
competentes donde se realiza el análisis pormenorizado de los casos y se aportan propuestas de
mejora del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.
En esta línea, es preciso destacar igualmente el refuerzo de la protección otorgada a las víctimas
en el exterior, a través la firma el pasado 16 de julio de 2024 del Acuerdo Interministerial de
Cooperación para la Atención, el Traslado y el Retorno de las Españolas Víctimas de Violencia
contra las Mujeres en el Exterior.
A su vez, la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia
y la Adolescencia frente a la Violencia supuso un hito al considerar que los niños, niñas y
adolescentes que presencian violencia entre otras personas, sobre todo si les une a ellas un vínculo
afectivo, no deben ser considerados solo testigos, sino también víctimas de violencia emocional y
a veces incluso física y otorgándoles, por ello, el estatuto de víctimas de violencia de género.
Todo ello no es solo un ejercicio del deber de diligencia debida que el Estado debe asumir; es
también una muestra del compromiso de nuestro país en la defensa de los derechos de las
mujeres. Representa una obligación de las instituciones para garantizarlos y hacerlos efectivos en
el marco de un Estado social y democrático de derecho, conforme a lo establecido en nuestra
Constitución.
Así, al cumplirse 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, podemos afirmar que los esfuerzos se han intensificado y que persiste un compromiso constante por mejorar y erradicar la violencia
contra las mujeres y niñas. Los cimientos del marco legislativo que protege a las supervivientes de
todas las formas de violencia machista, junto a sus hijos e hijas, son hoy más sólidos.
Muestra de este compromiso son las medidas realizadas en 2024 para mejorar el acceso de las
víctimas a la justicia, como la creación y refuerzo de las unidades administrativas de las Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del Delito; la entrada en funcionamiento de nuevos Juzgados de
Violencia sobre la Mujer y agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de estos
asuntos; la regulación técnica de los llamados «puntos de acceso seguros» y los «lugares
seguros», para que las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, y de trata de seres
humanos puedan intervenir telemáticamente en los procesos penales desde los lugares donde se
encuentren y recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección; y la reforma
del Registro Central de Delincuentes Sexuales para reforzar la protección de los menores.
Este compromiso se extiende también a un sistema de salud que no solo ha de atender las
necesidades físicas de las víctimas, sino que también ha de favorecer su recuperación emocional
y psicológica, ofreciendo una atención integral para su plena rehabilitación.
La creciente concienciación de la sociedad, así como el impulso del movimiento feminista, llevaron
a la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, que representa el gran
consenso que existe en España para luchar de manera unánime y firme contra esta violencia, y la
implicación de todas las instituciones en la misma.
Con 1.285 mujeres víctimas mortales por violencia de género desde 2003 hasta la fecha (40 en
2024), 463 personas menores huérfanas desde 2013 (30 este año) y 61 personas menores
también asesinadas por violencia de género desde 2013 (8 personas menores asesinadas este
año), es el momento de renovar los compromisos a nivel político, ejecutivo y legislativo, una vez
que se han desarrollado y analizado las correspondientes evaluaciones del Pacto de Estado de
2017 por parte de diferentes instituciones: Senado, Tribunal de Cuentas y Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, publicadas en 2023. España está en disposición de lograr un nuevo
acuerdo que renueve el compromiso adquirido para erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas, considerando este objetivo como una cuestión de Estado que interpela tanto a las mujeres
como a los hombres, en una palabra, a toda la sociedad.
También es importante visibilizar aún más nuestra máxima condena y repulsa ante los asesinatos
que se esconden detrás de estas cifras inaceptables. El recién aprobado protocolo de condena y
repulsa ante asesinatos por violencia de género por el Consejo de Ministros formaliza el
procedimiento a seguir para condenar públicamente todos los asesinatos por violencia de género;
expresar el rechazo de la sociedad ante estos actos, manifestar la solidaridad con las víctimas, sus
familiares y personas allegadas, así como ofrecer una respuesta unificada, coordinada y
contundente ante la confirmación de cada asesinato por violencia de género por parte del Gobierno
de España.
El compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas
se proyecta, asimismo, en el ámbito internacional, a través de la política exterior feminista. La lucha
contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas ha sido una prioridad de la
Cooperación Española desde hace décadas, siendo nuestro país un referente en cuanto a apoyo
a políticas e instituciones que luchan para erradicarla, a través de organismos multilaterales (ONU
Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas), y mediante nuestra acción humanitaria, la
cooperación bilateral y proyectos e iniciativas de las ONGD y la sociedad civil. La aprobación en
julio de 2024 del nuevo Plan Director de la Cooperación Española supone una renovación del
compromiso del Gobierno de colocar la lucha global contra este problema estructural en el centro
de nuestra acción.
Para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es necesario promover cambios profundos
desde el punto de vista social y cultural, para detectar y eliminar toda práctica que suponga una
opresión hacia las mujeres o que refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el
ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Estos cambios deben
basarse en una educación integral que fomente el respeto mutuo y la valoración de la igualdad
entre todas las personas.
La vergüenza no puede seguir estando de lado de quienes sufren la violencia, pues la
responsabilidad es exclusivamente de los que agreden, acosan y humillan, y de quienes miran
hacia otro lado, perpetuando el pacto de silencio que ampara estas conductas.
Es una tarea en la que debemos trabajar todas y todos, con todas las instituciones, con las
organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista y, en definitiva, con el conjunto de
la sociedad. En especial, debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres
que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, la academia o las
instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos
pendientes, una referencia internacional en la lucha contra las violencias machistas.
La lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas forma parte del corazón de nuestra
democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades
fundamentales desde el que el Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento,
homenaje y acompañamiento a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista,
a quienes ya no están, a sus entornos familiares y sociales, y a todas las supervivientes.
Mujeres y hombres compartimos una lucha común para erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas y nadie debe ser ajeno a este esfuerzo colectivo que nos impulsa a construir una sociedad
más justa y libre de violencia de género.
La lucha por erradicar la violencia de género es una causa compartida por mujeres y hombres, y
nadie debe quedar al margen de este esfuerzo colectivo. Este compromiso nos impulsa a construir
una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. En este contexto, España reafirma su
dedicación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, trabajando incansablemente para erradicar todas las formas de violencia de género y fomentar una sociedad más igualitaria para todas y todos”
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