El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha enviado un informe jurídico a la Abogacía del Estado con las 334 quejas recibidas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, por la promoción comercial de la gestación por sustitución en páginas webs y redes sociales. Con este informe, la Abogacía del Estado podrá, en representación del Instituto de las Mujeres, iniciar las acciones legales pertinentes.
La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Asimismo, esta norma insta a las administraciones públicas legitimadas por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, entre las que se encuentra el Instituto de las Mujeres, a iniciar acciones judiciales dirigidas a la declaración de ilicitud y al cese de la publicidad que promueve prácticas comerciales para la gestación por sustitución.
El informe incluye un análisis de las publicaciones realizadas por las ocho agencias con sede social en España que pone de relieve los diferentes recursos comunicativos que estos negocios utilizan para atraer potenciales clientes, desde entrevistas en blogs que disfrazan la violencia que esta práctica supone para la salud de las mujeres, hasta la idealización de las denominadas “madres gestantes”.
Mercantilización de los cuerpos de las mujeres
La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha señalado que “alquilar el vientre de una mujer es una práctica detestable en cualquier sociedad que entienda que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan”.
Hernández también ha hecho referencia al mandato legislativo (Ley 16/1983, de 24 de octubre) que otorga al Instituto de las Mujeres la función de velar por un tratamiento no sexista de la imagen las mujeres. “Nuestro deber es actuar contra este tipo de mensajes, que tienen una alta carga de sexismo, clasismo y racismo. En ellos, además, las mujeres son invisibilizadas y solo son nombradas como potenciales consumidoras de un producto”, ha destacado.
“No valen eufemismos lingüísticos para esconder una situación de violencia y explotación reproductiva de las mujeres por su situación de vulnerabilidad”, ha concluido Hernández. Asimismo, la directora ha reconocido y ha agradecido el papel fundamental del movimiento feminista y de una ciudadanía comprometida que, con sus quejas, han posibilitado al Instituto de las Mujeres la elaboración del informe.
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