La evaluación de la iniciativa de formación en las empresas del ejercicio 2022, identifica los principales rasgos que caracterizan cómo han ido evolucionando la eficacia, eficiencia e impacto de estas ayudas públicas a lo largo del tiempo. En términos generales, la iniciativa ha remontado los efectos que la pandemia del COVID-19 produjo en el alcance de las ayudas.
En algunos aspectos concretos obtiene los mejores resultados de la serie histórica, que se inicia en 2015 con la aprobación de la Ley 30/ 2015: en cuanto al número de acciones impartidas y de trabajadores formados. Se alcanza el máximo de acciones impartidas: 372.570 acciones formativas frente a 366.000 en 2015 y, también, se logra una cobertura del 23% de trabajadores.
En este ejercicio prima la modalidad de impartición presencial: dos terceras partes de las acciones se imparten presencialmente, siendo más frecuente esta modalidad en las grandes empresas, que imparten el 80% de su formación de forma presencial.
Modalidad de impartición
Sin embargo, los datos expansionistas de la iniciativa contrastan con otros datos que reflejan que existe un proceso de concentración, junto con desigualdades significativas en la cobertura de la formación. En primer lugar, la formación se concentra básicamente en tres familias profesionales que acumulan la mayor parte de las horas impartidas: Formación complementaria (20,6%), Administración y gestión (19,65%) y Seguridad y medio ambiente (18,7%). Además, se concentra en acciones formativas más cortas. Mientras que en 2015 la duración media era de 22 horas, esta se ha reducido desde entonces en un 30%, siendo de 14 horas en 2022.
En segundo lugar, el volumen de empresas que participan en el sistema ha ido disminuyendo y, aunque en 2022 se recuperan niveles previos de 2020, no se alcanzan los niveles de 2015, cuando participaban un 22% más de empresas en la iniciativa. Además, esta participación se concentra en las empresas de mayor tamaño (más de 249 trabajadores), en las que hay tasas de cobertura cercanas al 92%, mientras que solamente se forman con ayudas del sistema el 13,6% de las empresas de 1 a 5 trabajadores, que son las que predominan en nuestro tejido productivo. Atendiendo al sector de actividad, más del 30% de las empresas que ha realizado formación pertenecen a los sectores de empresas manufactureras (15,7%) y comercio (15,4%).
Cobertura* empresarial por tamaño de empresa
Finalmente, también se concentra la actividad de las entidades externas, que organizan, gestionan e imparten la formación. En 2022, entraron en el sistema un 32% menos de entidades que en 2015 y, en términos generales, se ha reducido el tamaño medio de estas entidades, pues el 71% son microempresas.
Impacto de la formación
En relación con el impacto de la formación, las empresas destacan el impacto en la productividad, con una valoración promedio de 7,2 sobre 10. No existen cambios significativos por tamaño de empresa, aunque sí se identifica una ligera mejor valoración en las grandes empresas. Sin embargo, la incidencia de la formación sobre aspectos como la innovación, la internacionalización o la especialización es menos valorada. Parece claro que la formación financiada por la iniciativa tiende a enfocarse en mejorar procesos productivos ya existentes.
Esta valoración es consistente con la que ofrecen los propios trabajadores sobre el impacto en su empleabilidad. Las personas trabajadoras valoran, con una media de 7,5 sobre 10, una mejora en su desempeño profesional, en el desarrollo de nuevas funciones o en su crecimiento personal. Mientras que su impacto sobre el acceso a nuevos puestos de trabajo o la mejora de las condiciones laborales, no es apenas valorado. En términos generales, por tanto, la formación mejora el desempeño de las competencias en los puestos de trabajo actuales.
Sobre la contribución de la iniciativa a la mejora deadquisición de competencias digitales y reducción de la brecha digital, mientras que el 50% de las empresas (especialmente las grandes) ofrecen formación en este ámbito, la valoración por parte de los trabajadores es moderada, con una media de 5,8 sobre 10, que va disminuyendo conforme avanza la edad. Este es un aspecto en el que se identifica un margen de mejora, con el fin de adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de todos los grupos de edad, por medio de programas más accesibles y personalizados, que contribuyan a la reducción de la brecha digital.
Impacto en la adquisición/mejora de competencias digitales
de los trabajadores, según la edad (escala 0-10)
En cuanto a los permisos individuales de formación (PIF), su alcance y cobertura es muy limitada, concentrándose en la gran empresa el 60% de los PIF finalizados. El perfil de los trabajadores que realizan un PIF es el siguiente: el 57,6% cotizan en el grupo de titulaciones universitarias, se encuentran en edades comprendidas entre los 25 y 45 años (colectivos sobrerrepresentados) y su finalidad es obtener titulaciones universitarias y másteres. Es una formación valorada por los participantes como altamente capacitante y de especialización y menos dirigida a la productividad en el puesto de trabajo. También se ha puesto de manifiesto que la obligatoriedad de la modalidad presencial implica la limitación del acceso de los trabajadores que no se encuentran en zonas urbanas, que son las que ofrecen mayor oferta formativa de esa modalidad.
Eficiencia de la formación
Finalmente, en relación con la eficiencia del sistema, la tasa de aprovechamiento de los fondos disponibles (crédito de formación que se asigna a las empresas) manifiesta una tendencia de evolución negativa desde 2015, aunque en relación con la tasa de 2020 (que fue menor del 50%) ha subido 5 puntos porcentuales.
Por tamaño de empresa, las tasas más elevadas las ostentan tanto las grandes empresas (250 o más trabajadores) como las de 1 a 5. Sin embargo, las pequeñas de 6 a 49 trabajadores se ven afectadas por la exigencia del porcentaje de cofinanciación y su cuantía de crédito formativo que no es muy elevada; esto limita el acceso a formaciones especializadas o de más alto coste, lo que puede ser un elemento disuasorio para formarse en el sistema. Estas cuestiones se deberán tener en cuenta de cara al desarrollo normativo de la formación profesional para el trabajo. Territorialmente, también existen desigualdades, destacando las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura con mayores tasas de aprovechamiento del crédito.
